Es difícil olvidar la escena publicada en todos los medios. El 4 de enero de 2013, fue titular la imagen de la casa del matrimonio Luchsinger Mackay, destrozada tras un incendió abrazador que les costó la vida. El caso llegó a la justicia en el contexto de la violenta y difícil situación que se vive en La Araucanía con el denominado “conflicto mapuche”.

En aquel entonces, el Tribunal Penal de Temuco absolvió a los 11 comuneros mapuches que fueron imputados por el incendio con resultado de muerte del matrimonio en Vilcún. El juez José Ignacio Rau Atria desestimó las pruebas entregadas durante el juicio por el Ministerio Público aclarando que “no se superó el estándar probatorio” que declarara culpables a los acusados.

Los imputados fueron: la Machi Francisca Linconao, José Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Arturo Córdova Tránsito y José Manuel Peralino Huinca. Todos ellos absueltos.

En ese momento, la esperanza de justicia de la familia de las victimas parecía desvanecerse, pero Carlos Tenorio, abogado de la familia, declaró: “El veredicto no es lo que esperábamos y particularmente me preocupa la calificación. Si el hecho ocurrido el 4 de enero de 2013 no es terrorista, entonces nada es terrorismo. Creo que sí se había cumplido con el estándar probatorio para un veredicto condenatorio (…) Vamos a ver los recursos que tengamos que interponer, vamos a revisar los fundamentos del fallo y vamos a recurrir de nulidad si es necesario” y así fue.

La familia del matrimonio Luchsinger-Mackay ingresó un recurso de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, con el cual intentaron ingresar las pruebas que fueron dejadas fuera de la preparación del juicio oral. Así, se llevó a cabo el proceso en todas las instancias, hasta que fueran consideradas las pruebas entregadas que la jueza de Garantía de Temuco, Alejandra García Bocaz, excluyó tras estimar que “habían sido obtenidas con infracción a las garantías constitucionales”. Esto, hasta que, en junio del 2017, la Corte reincorporó dos pruebas excluidas en el caso, referidas a un informe de Bomberos y a mapas de la propiedad de las víctimas.

Finalmente, la última palabra se dictó el pasado 29 de diciembre cuando se resolvió anular la sentencia que absolvió a los 11 comuneros, lo que desató declaraciones por todos los bandos. La Machi Francisca Linconao dijo molesta al ser consultada: “Que la corten de huevear estos malditos desgraciados” y luego hizo alusión a su inocencia y a que los grupos adinerados del país compraban el veredicto de los jueves.

Por su parte, Jorge Luchsinger sostuvo: “Incluso aunque nos amedrenten, nos acusen de lo que sea, seguiremos haciendo todas las acciones que estén dentro de la ley para lograr que se haga justicia”.

En declaraciones al diario La Tercera el vocero de la Fiscalía de La Araucanía, Roberto Garrido, también declaró aclarando: “Lo que planteamos era que existían deficiencias de argumentación en la sentencia y de valoración de los argumentos que se expusieron. Eso se acogió por parte del tribunal, de manera que ahora debemos esperas que se fije una nueva audiencia”, dijo, agregando que se espera que en esta nueva instancia los argumentos lleven a una sentencia condenatoria y se acoja la solicitud de presidio perpetuo para 10 de los imputados y en 10 años de presidio para José Peralino.

Veremos qué sigue del caso.

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