La situación en Venezuela alcanzó, desde hace un buen rato, el status de preocupación constante para la región con cada nuevo caso de uso de fuerza excesiva para reprimir a quienes se oponen a Maduro, pero también por las condiciones precarias de vida a la que ha llegado la sociedad civil. Medicamentos que cuestan más que un salario mínimo, escasez de alimento, inflación galopante e impunidad para el uso de violencia, han hecho que uno de los países más ricos de latinoamérica, sea hoy un ejemplo de descontrol y miseria.

Para muchos ya era hora de que los ojos del mundo tomaran cartas en el asunto y el recién emitido informe de la ONU, dio a la comunidad internacional una luz de esperanza.

El viernes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) pidió crear una comisión de investigación internacional y llamó a la Corte Penal Internacional (CPI) a involucrarse activamente en los casos de abuso donde no hay respuesta del Estado y que desde enero que se investigan. Zeid Ra’ad Al Hussein, quien tiene el cargo de Alto Comisionado, declaró enfáticamente que “El estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, lo que, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó rápidamente, publicando: “En su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe”.

La tarea de investigar no ha sido fácil ya que las puertas en Venezuela se cerraron para los agentes de la ONU y nos se les permite obtener información, por lo que los informes están basadas en el seguimiento de los casos a distancia y declaraciones de víctimas y testigos. Además, se cuenta con la evidencia que ha aportado la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien fue despedida por Maduro el año pasado y actualmente vive en el exilio.

“La situación de los derechos humanos de los venezolanos es lamentable”, declaró Zeid  previo a la entrega pública del informe que denunció la política de represión de los opositores, la que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas con descargas eléctricas y violencia sexual.

Las críticas se han acumulado desde que, el año pasado, funcionarios leales a Nicolás Maduro formaron una asamblea constituyente removiendo de sus poderes al Congreso elegido democráticamente y controlado por la oposición. La ola negra se vía venir y este hecho provocó la fuga masiva de venezolanos al extranjero.

Fue también en agosto del 2017 cuando la fiscal general fue removida de su cargo por ser crítica con Maduro, y quedaron entonces sin seguimiento los casos de 357 agentes que fueron investigados por la muerte de 505 personas en supuestas operaciones de allanamiento en los barrios.  Además, también es cuestionado el actuar contra los rebeldes a principios de este año, a quienes se les rodeó con 400 efectivos armados con fusiles de asalto y un lanza granadas antitanques, dándoles muerte sin piedad aún cuándo en videos se muestra su voluntad de rendirse.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apela a que la situación “muestra la necesidad de un diálogo político y una solución política plenamente inclusiva” donde la CPI debería tener más protagonismo ya que “el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”, según las palabras alto comisionado al entregar el informe.

Al parecer la comunidad internacional ya no hace oídos sordos sobre lo vivido en Venezuela y los organismos están empezando a mover sus piezas. Cuánto tome y qué procesos faltan es una pregunta que aún no se puede responder, pero lo que es cierto es que por fin, para muchos venezolanos, el escenario pareciera que empieza a cambiar.