Restitución de tierras a cualquier costo ¿Quememos tres iglesias? ¡Sí! Y 30 camiones, ¡también! Los actos de violencia no paran y a pesar de que ya son más de 70 los actos judicializados, parecieran que ¿continuarán hasta conseguir el objetivo? ¿Cuál es?

Hagamos un recuento de los hechos más significativos del último tiempo. Comencemos por el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay, el que acusa a 11 comuneros mapuches por el crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian MacKay (2013), el cual ya se encuentra en su fase final. Luego sumemos la quema de tres iglesias, dos católicas y una evangélica, en las comunas de Victoria y Ercilla, ubicadas en la Región de La Araucanía.

Número tres. La toma de la Catedral de Concepción. Aquí  se congregaron jóvenes mapuches los que manifestaron su apoyo a los cuatro comuneros que participaron en la quema de las tres iglesias mencionadas en el párrafo anterior.

Tampoco podíamos dejar afuera la formalización realizada hace unos días en el Tribunal de Garantía de Temuco, a ocho comuneros quienes serían las cúpulas de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y de Weichan Auka Mapu (WAM), los sindicados como los autores de quemas de iglesias y de los graves atentados contra empresas de camiones, que dejaron millonarias pérdidas en agosto pasado.

Debemos también destacar la Operación Huracán, en la que Carabineros periciará 30 teléfonos celulares incautados a comuneros por el presunto envío ilegal de armas y munición desde Argentina a Chile por mapuches, esto a través de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp.

Este último hecho revela una coordinación consolidada entre los grupos radicalizados argentino-chilenos ¿Qué buscan? Conformar una nación mapuche contra la opresión capitalista y la extranjerización de tierras a través de actos ilegales y de violencia.

Mientras tanto, Chile espera atento que el Ejecutivo ponga cartas en el asunto y aplique sanciones ante estos hechos que sin duda afectan a la tranquilidad de los habitantes de esta zona. Sin embargo, ocurre lo inesperado, el Gobierno  recalifica la acción legal tras la huelga de hambre durante 117 días de los dos comuneros mapuches que participaron en la quema de un templo evangélico, y no aplica nuevamente la ley antiterrorista provocando un giro, para muchos, esperado.

El ministro del Interior, Mario Fernández, explicó que este cambio se debe a que «hay una razón bien específica que, por lo demás, no es nueva, les ha pasado a todos los gobiernos. Es el deterioro de la salud de los huelguistas y su decisión de mantener el movimiento; el deber de la autoridad de velar por la vida de la gente, que es lo fundamental”.

¿Punto para los comuneros? ¿Un estado que cede, pone fin a los hechos de violencia en la zona? Hace unos días, se le vio al candidato presidencial Sebastián Piñera discutir con el Lonko mapuche Juan Pichún en un programa de televisión sobre posibles soluciones para resolver el conflicto mapuche.

«Modificamos la ley antiterrorista durante mi gobierno para hacerla plenamente compatible con los derechos humanos ¿Qué los mapuches no cometen terrorismo? No estoy de acuerdo. No es la naturaleza de la persona lo que califica el acto terrorista, sino que es la naturaleza del delito. Por eso hay que aplicar la ley antiterrorista cuando corresponda, porque el terrorismo es un enemigo formidable, cruel e implacable que mata», expresó el presidenciable de Chile Vamos.

El ex mandatario busca implementar una ley antiterrorista que incluya las figuras del agente encubierto, del testigo protegido, de los informantes y del arrepentido, para desterrar de una vez la violencia de grupos extremistas.

La abogada Javiera Peña de Estudio Jurídico Escala & Madrid, reconoce la ley antiterrorista “como un tema súper complejo, porque para poder decretar, tipificar o estar en presencia de esta ley, los delitos que se cometen tienen que tener una categoría súper importante y deben ser determinados y específicos. Además, no olvidemos que esta ley está asociada al Régimen Militar, al golpe”, nos explica.

Remontándonos al pasado, para muchos la Ley N° 18.314, decretada en 1884 por la Junta Militar, es una herencia del gobierno de Pinochet, la cual señalaba como acciones terroristas: el secuestro, la destrucción de aeronaves, intentos de magnicidio, atentados con explosivos y envenenamiento de aguas, incluyendo “el delito de incendio” sino hasta el año 1991.

Las penas que establece esta ley son un poco más altas que los delitos comunes y es por este motivo “que el estado no quiere asumir dicha responsabilidad. Uno podría tipificar al leer los medios lo que está pasando como un delito terrorista, los cuales tienen por objeto infundir terror en la población y es lo que ocurre hoy en La Araucanía, pero como las penas son altas y complejas, es por eso que el Estado no las aplica”, nos explica la abogada Peña.

Pero no dejemos todo en las manos de la Ley, pues hay ciertos cambios que debiesen ayudar para que hechos como estos disminuyan hasta desaparecer. Candidatos presidenciables buscan incluir en sus proyectos que la Araucanía tenga un desarrollo económico social que incorpore la mano de obra indígena a los proyectos productivos, además de entregarle una valoración y promoción real a la cultura del pueblo mapuche, por ejemplo, a través de escuelas bilingües en IX Región.

La tarea es compleja y no será fácil. En el próximo Gobierno, ¿quién será él o la encargada de concretarla?